Morena y sus aliados en la XVII Legislatura arrebataron a los municipios la facultad de seguir cobrando los derechos por la expedición de licencias y permisos de conducir y se la entregó al Estado.
La aplanadora morenista y sus aliados en la XVII Legislatura arrebataron a los municipios la facultad de seguir cobrando los derechos por la expedición de licencias y permisos de conducir y se la entregó, en bandeja de plata, al Estado.
La medida representa un duro golpe a la escasa economía de los municipios que son los gobiernos que menos dinero tienen y todavía quitárselos es una mala decisión, acusó el diputado Julián Ricalde Magaña, quien anticipó en redes sociales su voto en contra de la reforma del artículo 34 de la Ley de Movilidad del Estado.
Dichas reformas facultan al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) a cobrar por estos derechos y a “devolver” a los municipios un porcentaje mínimo de la recaudación, previo convenio de coordinación fiscal que establece el descuento de 295 pesos por licencia o permiso expedido por concepto de gastos de impresión y material utilizado.
Las diputadas del bloque opositor Cinthya Millán Estrella, del PAN; Candy Ayuso Achach, del PRI y Deyanira Basurto Basurto, del MC, rechazaron de tajo la reforma al señalar que la medida es arbitraria y no está considerada en la Ley de Movilidad que únicamente faculta al Imoveqroo a establecer tarifas y no a cobrar derechos que vulneran el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a la autonomía de los municipios.
De hecho, la reforma faculta al Imoveqroo a “consultar” con las presidentas y presidentes municipales las decisiones que se vayan a tomar con la medida recaudatoria; sin embargo, la voz de los alcaldes solo será escuchada, pues dentro del Consejo Consultivo no tienen voto.
El diputado José María Chacón Chablé, promotor de esta reforma, trató de justificar la medida al señalar que “sin que se preste a confusión, hay que aclarar que desde que se promulgó la Ley General de Movilidad en 2022, dejó de ser competencia municipal la expedición de licencias de conducir, convirtiéndose en una atribución estatal, por lo que desde la Comisión de Movilidad armonizamos, como lo marca la ley, para evitar que una norma jerárquica inferior se contraponga a una ley general”.
A su vez, el diputado morenista Humberto Aldana Navarro consideró la reforma como necesaria porque si no “estaríamos en desacato con la misma ley, pero ya que sea la historia quien los juzgue”.
El diputado por el PT, Hugo Alday Nieto, consideró que la reforma no violenta la autonomía municipal y, en caso de que los ayuntamientos sientan que se vulneran sus facultades, entonces pueden hacer uso de los recursos legales correspondientes.
La reforma también considera ajustes a la Ley de Hacienda de los Municipios para que no consideren dentro de sus paquetes fiscales para el ejercicio 2024 los ingresos por este concepto y sí, en cambio, se coordinen con el Imoveqroo para establecer las cláusulas del convenio de coordinación fiscal que les permitirá continuar recibiendo los ingresos por la expedición de las medidas.
