El Senado de la República aprobó reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para prohibir que se solicite la carta de antecedentes no penales.
El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 69 votos a favor, reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para prohibir que se solicite la carta de antecedentes no penales.
Durante la sesión de hoy 10 de octubre de 2023 del Senado de la República, los legisladores avalaron el proyecto que prohíbe a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de antecedentes penales con la finalidad de evitar la discriminación y fue turnado a la Cámara de Diputados para su tramite correspondiente.
El proyecto también reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, para que no se discrimine a razón de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o antecedentes penales, para el ingreso, permanencia o ascenso de los trabajadores.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que el proyecto está encaminado a impulsar una verdadera oportunidad de reinserción social para las personas que hayan cometido algún delito.
“Quienes salen de la prisión no sólo se encuentran tras el escrutinio público, sino que también ven truncada sus oportunidades para acceder a un empleo digno, lo que ocasiona que sólo tengan oportunidad a empleos precarizados, por lo que podrían recaer en actos delictivos”, dijo el senador.
La iniciativa tiene casos excepcionales como el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, además se refuerzan los principios de no discriminación en las dependencias públicas.
Durante la sesión, los legisladores también aprobaron con 77 votos a favor un dictamen para que los campesinos accedan al seguro social y otro con el propósito de establecer un lenguaje inclusivo en la redacción de los ordenamientos jurídicos.
Información del Excelsior.
