Funcionarios mexicanos con ficha roja de INTERPOL por presuntos vínculos con el narcotráfico
El 21 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que varias figuras públicas mexicanas, entre ellas el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, tienen fichas rojas activas por parte de la INTERPOL. Esto, según la autoridad, se debe a acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
¿Qué implica tener una ficha roja de INTERPOL?
La ficha roja es una alerta internacional que permite la búsqueda y detención de personas en diferentes países. La mandataria explicó que, en caso de que alguno de los señalados abandone México, las autoridades internacionales podrían detenerlos, ya que cuentan con alertas activas emitidas por el gobierno de Estados Unidos.
¿Qué datos se conocen sobre los acusados?
De los diez funcionarios señalados, dos ya se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses: el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega. La ficha roja afecta a ocho personas, entre ellas Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; y otros con alias como “Cholo”, “Tornado” y “Juanito”.
¿De qué se les acusa?
Estados Unidos presentó cargos formales contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios en abril, acusándolos de proteger al Cártel de Sinaloa. Las acusaciones incluyen asociación delictuosa para el tráfico de drogas, corrupción institucional y posesión ilegal de armas. Se les señala por supuestamente facilitar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y brindar información confidencial sobre operativos policiales, además de permitir el uso de armas de guerra y proteger rutas del cártel.
¿Qué evidencia hay en las acusaciones?
Según el reporte, los implicados habrían recibido sobornos millonarios a cambio de permitir el paso de cargamentos de fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína. También se les atribuye la participación en la eliminación de rivales políticos, coordinación de secuestros y homicidios, y tráfico de armas. La investigación estadounidense señala que algunos de estos funcionarios habrían brindado protección institucional para evitar detenciones y operaciones policiales contra el cártel.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno mexicano?
La presidenta Sheinbaum afirmó que, aunque no existe una obligación legal de vigilancia especial sobre los señalados que permanecen en México, la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación paralela. Además, precisó que Rocha Moya se encuentra en su domicilio en Sinaloa, con protección de la Guardia Nacional, tras una evaluación de riesgo y a petición propia.
¿Qué sigue en esta investigación?
Este caso revela la complejidad de las acusaciones internacionales contra funcionarios mexicanos y la posible influencia del narcotráfico en la política local. La situación genera dudas sobre la eficacia de las instituciones mexicanas para investigar y sancionar estos delitos, además de poner en evidencia la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
¿Qué opinas tú? ¿Crees que estas acusaciones tendrán repercusiones en la política mexicana? La discusión está abierta.
