La fiscalización revela un universo paralelo de radares en las rutas nacionales
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inició un operativo de fiscalización y regularización de radares de velocidad en las rutas nacionales, y los resultados son alarmantes. Durante el mes de enero, se detectaron al menos 152 cinemómetros fijos que operaban sin autorización, poniendo en duda la integridad del sistema de control de velocidad en el país.
¿Qué se encontró en el operativo?
El relevamiento abarcó más de 40.000 kilómetros de red vial nacional, distribuidos en 39 bases operativas del organismo. De acuerdo con la información oficial, en el punto de partida del operativo había 526 cinemómetros autorizados para operar en rutas nacionales: 363 equipos fijos y 163 móviles. Sin embargo, solo 239 radares fijos estaban en el lugar para el cual habían sido autorizados.
El resto, 124 radares fijos, no estaban en los sitios indicados en el momento del relevamiento. Esto llevó a la ANSV a intimar a las jurisdicciones correspondientes para que informen sobre la situación de cada equipo. En caso de que estos radares ya no estuvieran en funcionamiento, las autoridades procederían a dar de baja las autorizaciones.
Medidas y sanciones
Ya se han llevado a cabo las primeras bajas: la ANSV revocó los permisos de 6 radares fijos en Azul, provincia de Buenos Aires; 1 radar móvil en Exaltación de la Cruz, también en Buenos Aires; y 4 radares móviles en Dina Huapi, Río Negro. Además, las jurisdicciones con verificaciones técnicas vencidas recibieron intimaciones para regularizar su situación, bajo la advertencia de perder sus habilitaciones vigentes.
El marco legal y la validez de las fotomultas
La fiscalización dejó en evidencia un universo paralelo de dispositivos que funcionaban sin la habilitación nacional correspondiente. La Ley Nacional 26.363 y el Decreto Reglamentario 1716/2008 establecen que ningún radar puede operar en rutas nacionales sin autorización previa del organismo. Además, un fallo reciente de la Corte Suprema ratificó la autoridad de la ANSV en esta materia.
Para que las fotomultas sean válidas, deben contener datos precisos del radar, como marca, modelo, número de serie, homologación y calibración vigente, además de información exacta de la infracción. La notificación debe realizarse dentro de los plazos legales y debe estar correctamente señalizada.
Consulta pública y transparencia
La ANSV habilitó una consulta pública en su sitio web para verificar si un radar está autorizado o no. Esta medida busca garantizar transparencia y prevenir prácticas irregulares que puedan afectar la confianza en los controles de velocidad en las rutas nacionales.
¿Qué implica esto para la seguridad vial?
Este operativo revela una problemática que podría estar poniendo en riesgo la efectividad del control de velocidad y, por ende, la seguridad vial en el país. La existencia de radares operando sin autorización puede socavar la confianza en los sistemas de fiscalización y generar dudas sobre la validez de las multas aplicadas.
La medida de la ANSV apunta a ordenar y transparentar el sistema, asegurando que los controles se realicen conforme a la normativa y con los estándares técnicos adecuados. La prevención de siniestros viales y la legitimidad de las multas dependen de una fiscalización clara y rigurosa.
¿Qué sigue?
El organismo continuará con las inspecciones y la revocación de permisos en caso de detectar irregularidades. La colaboración de las jurisdicciones será clave para mantener un sistema de control de velocidad confiable y efectivo. La transparencia y el cumplimiento de la normativa son esenciales para fortalecer la seguridad en las rutas nacionales y garantizar que las sanciones tengan validez legal.
