Revelaciones del PSOE y el avance del sumario
El PSOE reconoció ante la justicia que pagó 44.859,40 euros brutos a la exmilitante Leire Díez por trabajos de comunicación en su federación en Cantabria entre 2015 y 2017. Esta cifra triplica los 15.612 euros que inicialmente comunicó el partido al juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid.
La revelación se produce en un momento de máxima tensión judicial en el caso, ya que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha levantado parcialmente el secreto de sumario. El contenido de las diligencias está a punto de quedar a disposición de todas las partes, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación.
Operaciones de la UCO y registros en sede del PSOE
El 26 de mayo de 2026, Pedraz ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil personarse en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Los agentes requirieron documentación contable, correos electrónicos corporativos y registros de acceso al edificio, permaneciendo allí más de doce horas. Además, se llevaron el teléfono móvil de la gerente del partido, Ana María Fuentes, un portátil y tres discos duros.
El operativo también incluyó el registro del domicilio del exsecretario de Organización Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías. En su auto, Pedraz señala una organización presuntamente liderada por Cerdán, con Díez como coordinadora ejecutiva, cuyo objetivo sería “desestabilizar procedimientos judiciales o actuaciones policiales que pudieran impactar en los intereses del PSOE o del Gobierno”.
Implicaciones políticas y reacciones
El caso ha generado diversas reacciones en el ámbito político. El ministro de Transportes, Óscar Puente, acusó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de “proteger” a jueces que “ensucian el buen nombre de la justicia con sus abusos”. En su cuenta de X, Puente afirmó que “quien socava las instituciones” es quien las utiliza para fines distintos a los previstos en la Constitución, y añadió que la crítica a actuaciones concretas no implica cuestionar la independencia judicial.
Leire Díez y sus vínculos
Leire Díez, quien se presentó como una persona con vínculos “con los de arriba” o “del Gobierno”, mantuvo reuniones en marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo. Según su declaración como testigo, Díez habría estado involucrada en una trama presuntamente destinada a proteger los intereses del presidente Pedro Sánchez y su entorno, en un contexto de investigación por parte de la justicia.
El sumario también revela que la UCO se llevó material de la sede del PSOE en Ferraz, incluyendo teléfonos móviles, un portátil y discos duros. La causa, que consta en un expediente de 20.000 folios, concluye que la operación fue dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez para “proteger los intereses del presidente del Gobierno”, Pedro Sánchez.
¿Qué sigue en el caso?
El avance del sumario y las diligencias abiertas dejan en evidencia la complejidad del caso y las posibles implicaciones políticas. La investigación continúa, y las próximas semanas serán clave para determinar si existen responsabilidades o vínculos más profundos en esta trama que involucra a miembros del PSOE y a la justicia.
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