La espiral de violencia política ha cobrado la vida de al menos 14 aspirantes o políticos desde diciembre de 2023 hasta febrero de este año, sumiendo a las campañas electorales en un clima de terror y desasosiego.
En un recuento desalentador, se revela que Michoacán y Guerrero destacan como los estados más peligrosos para quienes aspiran a ocupar cargos públicos, con tres víctimas fatales en cada entidad.
El 21 de diciembre, el aspirante a diputado federal por Morena, Ricardo Taja, fue brutalmente asesinado a tiros dentro de una pozolería en la Zona Diamante de Guerrero, marcando el inicio de una cadena de violencia sin precedentes.
La primera quincena de enero presenció el fatal destino de cinco políticos que buscaban competir en elecciones a nivel federal, estatal o municipal, con dos pertenecientes a Movimiento Ciudadano y los restantes a Morena, PAN y el Frente Amplio por México.
En una sucesión macabra, entre el 25 y el 27 de enero, dos funcionarios municipales en Guerrero y uno en Veracruz fueron víctimas de la violencia desatada, mientras que febrero se tiñó con la sangre de tres militantes de Morena, uno del PAN y otro del Partido Verde.
Sin embargo, la violencia no siempre cobra vidas, como demuestran los tres atentados en Guerrero donde las víctimas lograron sobrevivir, aunque con secuelas físicas y emocionales devastadoras.
El miedo se ha apoderado del ámbito político, reflejado en un aumento exponencial en las solicitudes de vehículos blindados, protección corporal y fortificación de instalaciones. Este clima de terror llevó a la perredista Grabiela Sodi a renunciar a su candidatura a diputada federal tras sufrir amenazas y violencia.
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, ha reconocido la grave situación, revelando que algunos de sus candidatos han abandonado sus aspiraciones electorales por la inseguridad reinante en varios municipios mexicanos.
Por otro lado, la presencia del crimen organizado ha generado un escenario sombrío en al menos 40 distritos electorales distribuidos en una decena de estados, con Michoacán y Guerrero como epicentros de la violencia política. La influencia de los cárteles se hace sentir en distintas zonas del país, desde el narcomenudeo en Acapulco, dominado por el cártel Jalisco Nueva Generación, hasta las pugnas entre Los Tlacos, Los Ardillos y la Familia Michoacana en las zonas serranas de Guerrero.
Con más de 6.1 millones de votantes en los distritos afectados, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), la sombra del crimen organizado planea sobre el proceso electoral, amenazando la integridad de la democracia mexicana.
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