Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, niega estar bajo investigación en EE.UU.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que no existen investigaciones en su contra en México ni en Estados Unidos, tras una nota publicada el 27 de junio por el diario The New York Times. A través de un documento oficial, Villarreal precisó que no hay “acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna” que sustente los señalamientos.
Contexto y respuesta oficial del gobernador
El mandatario estatal acusó que la nota se realizó con fuentes anónimas y que el reportaje no presenta esa investigación como un hecho probado. Según su declaración, la información fue atribuida a cinco personas que, en palabras del diario, “no estaban autorizadas a hablar públicamente”. Además, recordó que ya negó los señalamientos y que no hay evidencia que lo relacione con alguna actividad ilícita.
El documento oficial del gobierno de Tamaulipas también señala que, a principios de junio, el periódico Los Angeles Times reportó que tanto Villarreal como el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, estaban bajo investigación por presunta corrupción en Estados Unidos, y que sus visas habían sido canceladas. Sin embargo, ambos mandatarios rechazaron dichas acusaciones y afirmaron no haber sido notificados oficialmente.
La doble falsedad y la defensa del buen nombre
El gobierno de Tamaulipas enfatizó que diversos medios difundieron interpretaciones propias del reportaje, en particular que al menos una decena de funcionarios mexicanos estarían colaborando con la Administración para el Control de las Drogas (DEA) para brindar información sobre otros miembros de Morena.
Respecto a las acusaciones de que Villarreal ya sería un informante de Estados Unidos, el gobierno estatal aseguró que esa afirmación es una “doble falsedad”. En ningún momento, en el reportaje del New York Times, se afirmó que el gobernador fuera informante, ni hay evidencia que lo pruebe.
¿Qué dice el reportaje de NYT y cuáles son las implicaciones?
El reportaje de The New York Times señala que al menos una decena de gobernadores y legisladores mexicanos, varios de ellos de Morena, habrían contactado en privado con autoridades estadounidenses para ofrecer información sobre políticos de su partido. La nota indica que estos acercamientos ocurrieron tras una iniciativa de la Administración para el Control de las Drogas (DEA) para persuadir a funcionarios mexicanos de colaborar en investigaciones.
El reportaje también identifica como objetivos de posibles investigaciones por presunta corrupción a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, citando a cinco fuentes que solicitaron anonimato. La investigación se originó tras acusaciones contra funcionarios de Sinaloa, incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por presunto recibo de sobornos del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Chapitos.
El gobernador de Sonora, en respuesta, envió una carta a A. G. Sulzberger, presidente de The New York Times, exigiendo una rectificación, ya que afirmó no haber recibido ninguna notificación oficial sobre investigaciones en su contra. Ambos mandatarios, Villarreal y Durazo, negaron las acusaciones y aseguraron que no hay evidencia objetiva que los relacione con actividades ilícitas.
¿Qué sigue en este caso? La postura de Villarreal y la autoridad estatal refuerzan la importancia de la presunción de inocencia y la necesidad de pruebas concretas antes de emitir juicios públicos. La situación genera interrogantes sobre la relación entre investigaciones internacionales y la política interna en México, además de poner en evidencia la importancia de la transparencia en estos procesos.
