La Cámara Federal de Casación Penal revirtió decisiones previas en una causa por presunta corrupción en la ANSES
El 9 de julio de 2026, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto los sobreseimientos otorgados a Juan Ignacio Salvador, Constanza Caminos Fundaro y Ricardo Battro, acusados de participar en una maniobra de desvío y utilización de información confidencial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La decisión ordenó la revisión de la causa en su totalidad, considerando todas las pruebas recabadas en la investigación.
El caso principal involucra a Pedro Manuel Arias, quien fue coordinador del Área Central Técnica 2 de la Dirección General de Diseño de Normas y Procesos del organismo previsional. Según la acusación formal, Arias utilizó su posición para acceder de manera sistemática y prolongada a aplicativos informáticos de acceso restringido, extrayendo datos reservados de beneficiarios del sistema previsional y transmitiéndolos al estudio jurídico de los abogados mencionados.
Detalles del proceso y las evidencias
La maniobra fue detectada tras una denuncia anónima enviada por correo electrónico, que impulsó una investigación preliminar por parte de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) y un sumario interno en la ANSES. Las pesquisas revelaron un flujo constante de mensajes desde una casilla de correo personal del exfuncionario hacia direcciones vinculadas a la consultora privada “SCF Consulting”, dirigida por los abogados implicados.
Según el expediente, Caminos Fundaro y Battro trabajaban bajo la órbita de Salvador en la firma SCF Consulting. Ambos ejercieron como apoderados en trámites previsionales de beneficiarios cuyos datos habían sido consultados de manera indebida por Arias. La fiscalía y la querella sostuvieron que estos abogados facilitaron la utilización ilícita de la información, colaborando activamente en la gestión de los datos.
Decisión judicial y próximos pasos
En una instancia previa, la Cámara Federal porteña había dictado el sobreseimiento de Salvador, Caminos Fundaro y Battro, argumentando que no existían evidencias de participación activa en la extracción de datos. Sin embargo, la ANSES, como parte querellante, recurrió esa resolución, alegando que los correos electrónicos demostraban que Salvador solicitaba activamente la información a Arias, quien la enviaba desde una cuenta particular para evitar controles oficiales.
Al analizar el recurso, los jueces de Casación Diego G. Barroetaveña, Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo coincidieron en que los indicios existentes impiden desvincular a los abogados en este momento. Entre las pruebas consideradas están los registros de accesos informáticos, los reportes técnicos, las comunicaciones telefónicas y la coincidencia temporal entre el envío de datos reservados y la gestión de trámites jubilatorios en los que los abogados actuaban como apoderados.
Los magistrados destacaron que el análisis previo fue fragmentario y que aún falta la declaración de dos testigos del organismo previsional, cuyos testimonios podrían aportar información clave sobre permisos de acceso y el destino de los datos sustraídos. Por ello, la Cámara anuló la resolución que los eximía y ordenó que se dicte un nuevo fallo, reanudando así el proceso judicial.
¿Qué implica esta decisión para los involucrados y las futuras investigaciones? La revocación de los sobreseimientos abre la posibilidad de que los abogados sean procesados y que se profundicen las pesquisas sobre la posible participación de otros actores en la maniobra ilícita.
