El informe del Consejo de Ministros detalla intervención del CNI en teléfonos de Fernàndez y Riera
El Consejo de Ministros ha emitido un informe que indica que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) intervino los teléfonos móviles de los exdiputados de la CUP en el Parlament, David Fernàndez y Carles Riera, bajo supervisión y autorización judicial del Tribunal Supremo (TS). La intervención se realizó durante 6 meses en el caso de Fernàndez y 2 años para Riera, según el documento desclasificado al que tuvo acceso Europa Press.
Detalles y contexto del espionaje autorizado por el juez
El informe, que levanta el secreto de la información clasificada, fue solicitado por el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, que investiga la querella presentada por Fernàndez y Riera tras detectar infecciones en sus móviles con Pegasus. La desclasificación permite a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, informar sobre “la naturaleza” de las actividades que motivaron la interceptación, así como responder sobre el caso del exdiputado Albert Botran, quien no fue objeto de espionaje según el informe.
Reacciones y declaraciones de los implicados
David Fernàndez, en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, afirmó que se reconoce “a toro pasado” que fue investigado y que en algún momento se revelará que también se intervino el móvil de Botran. Criticó que la desclasificación solo confirma que les espiaron, pero no ofrece detalles sobre los dispositivos, los objetivos o el uso de la información obtenida.
El informe también aclara que, en el caso de Albert Botran, no se constató actividad de espionaje por parte del CNI. La intervención de los teléfonos de Fernàndez y Riera fue por posibles “actividades contrarias a la seguridad nacional”. La directora del CNI, Esperanza Casteleiro, explicó que la información desclasificada permite conocer “la naturaleza” de esas actividades, sin revelar detalles específicos.
Implicaciones legales y futuras investigaciones
Este caso abre un debate sobre los límites y controles del espionaje estatal en contextos políticos. La revelación de la intervención, autorizada por un juez, plantea preguntas sobre la protección de derechos y la transparencia en las actividades de los servicios secretos. La investigación continúa, y se espera que en próximos días se aclaren los detalles sobre qué dispositivos fueron intervenidos y con qué finalidad.
¿Qué pasos seguirán? La desclasificación oficial puede impulsar nuevas investigaciones judiciales y debates sobre la legalidad del espionaje a figuras políticas en España. La comunidad política y los defensores de derechos civiles observan atentos los próximos movimientos en este caso.
