Aprueban prisión para funcionarios que difundan imágenes de víctimas de violencia

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Aprueban prisión para funcionarios que difundan imágenes de víctimas de violencia
Aprueban prisión para funcionarios que difundan imágenes de víctimas de violencia

El Senado aprueba reformas para sancionar hasta con 15 años de cárcel a funcionarios que filtren imágenes o videos de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia.

El Senado aprobó reformas al Código Penal Federal para sancionar hasta con 15 años de cárcel a los servidores públicos que filtren imágenes o videos de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia.

El proyecto avalado por unanimidad con 86 votos a favor crea el artículo 225 Bis para restablecer que el servidor público que realice lo anterior será sancionado de 9 a 15 años de prisión, y tendrá una multa de 77,805 a 155,610 pesos.

El dictamen se envió a la Cámara de Diputados para ser discutido y en su caso aprobado para ser publicado de forma oficial en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.

Los senadores destacaron que este proyecto tiene el propósito de garantizar una vida libre de violencia contra la mujer en todas sus formas, por lo que busca combatir la violencia mediática de género y su normalización, al establecer y tipificar como delito que las personas servidoras públicas filtren o difundan fotografías o información relacionada con una víctima.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, dijo que la reforma busca garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección, bienestar físico y psicológico de las víctimas, toda vez que la divulgación de información e imágenes de las víctimas de algún delito constituyen claramente una lesión a la dignidad de las personas y a la memoria de las víctimas.

Esta reforma se dio luego de que se filtraron imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla, quien fue víctima de feminicidio en febrero de 2020.

En la exposición de motivos del dictamen avalado -construido de cinco iniciativas- establece que en al menos 11 entidades federativas han avanzado en tipificar las filtraciones de imágenes o información de víctimas de feminicidios o delitos sensibles, luego de la indignación que causó el caso de Ingrid Escamilla o el de Debani Escobar, quien fue hallada sin vida el 21 de abril de 2022 en la cisterna de un hotel en Escobedo, Nuevo León.