Australia busca justicia contra 3M por daños ambientales
El Gobierno australiano anunció que demandará a la multinacional estadounidense 3M y a su filial local por un monto de 2.000 millones de dólares australianos (1.200 millones de euros). La acción legal busca responsabilizar a la empresa por ocultar los riesgos ambientales de los químicos utilizados en espumas extintoras.
Contexto y hechos principales
Según la fuente, la demanda se centra en las decenas de bases militares afectadas por la contaminación con estos químicos, que habrían sido utilizados en espumas contra incendios. La fiscal general australiana, Michelle Rowland, afirmó que se trata de la mayor reclamación judicial emprendida por el Estado y que busca recuperar más de 1.000 millones de dólares australianos (590 millones de euros) ya gastados en investigaciones y limpieza.
La acusación sostiene que 3M conocía desde hace décadas los posibles efectos nocivos de las sustancias PFAS, conocidas como ‘químicos eternos’ por su resistencia a la degradación en el medioambiente y su potencial acumulación en el organismo humano. Sin embargo, la empresa no informó adecuadamente a las autoridades australianas y ofreció garantías que, según la fiscalía, eran inconsistentes con la información científica disponible en ese momento.
Respuesta de 3M y contexto legal
Por su parte, 3M afirmó que nunca fabricó PFAS en Australia y que dejó de vender las espumas cuestionadas hace aproximadamente dos décadas. La compañía aseguró que se defenderá en el proceso judicial, en línea con su postura habitual ante estas acusaciones.
Este movimiento legal se produce tras una investigación parlamentaria publicada a finales de 2025, que recomendó emprender acciones contra los fabricantes de PFAS para financiar tareas de restauración ambiental y asistencia sanitaria a las comunidades afectadas.
Importancia y análisis
La demanda representa un paso significativo en la lucha contra la contaminación por químicos persistentes y pone en evidencia las responsabilidades de las empresas en la gestión de sustancias peligrosas. La decisión del Gobierno australiano refleja la gravedad del daño ambiental y la necesidad de exigir mayor transparencia y responsabilidad en la industria química.
¿Podrá esta acción legal marcar un precedente en la regulación y control de los ‘químicos eternos’? La respuesta dependerá del desarrollo del proceso y de la evidencia que se presente en los tribunales.
