El Congreso del Estado, ha tomado las riendas del caso Aguakan, en busca de hacer valer la voluntad ciudadana de quitarle la concesión del servicio de agua en Quintana Roo.
Chetumal.-El Congreso del Estado, desde la XVII Legislatura, ha tomado las riendas del caso Aguakan, en busca de hacer valer la voluntad ciudadana expresa en la consulta popular de junio del año pasado, en exigencia de retirar la concesión a la empresa, y echarla fuera de los municipios de la zona norte donde hoy presta el servicio, en particular Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, donde se determinó vinculante dicha consulta.
El diputado morenista, Humberto Aldana Navarro, presidente de la Comisión Transitoria Especial para el seguimiento y atención a los temas referentes de las concesiones de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., mejor conocida como Aguakan, dio a conocer que se encargarán de establecer el procedimiento mediante el cual se actuará por la vía legal.
En este sentido, advirtió que habrá todo un proceso de investigación y deslinde de responsabilidades en contra de los involucrados y responsables para llegar hasta las últimas consecuencias.
Dijo se llamará a rendir cuentas a los ex alcaldes y ex diputados que aprobaron la extensión de la concesión en 2014, a finales del gobierno de Roberto Borge Angulo, a cambio de una aportación de mil 55 millones de pesos por parte de la citada empresa, para conocer a fondo las justificantes.
Incluso no descartó llamar al mismo ex gobernador Mario Villanueva Madrid, que de origen, en el año de 1994, entregó en manos de Aguakan el servicio de agua potable de la ciudad de Cancún, bajo argumento de incapacidad financiera y operativa por parte del Gobierno del Estado y la administración estatal en turno.
Sea cual sea el argumento, habrá que trabajar en apoyo al Gobierno del Estado para hacer cumplir la voluntad ciudadana, y fincar responsabilidades en contra de los responsables, «incluso contra quién originalmente lo promovió o lo provocó», subrayó el diputado Aldana Navarro.
Comentó que esto podría llevar algún tiempo, pero consideró necesario atender con prontitud, tomando en cuenta que el proceso electoral de 2024 estaría arrancando en noviembre próximo, y la necesidad de evitar que el caso se vincule a temas político-electorales.
