El avance de las estructuras armadas en Antioquia genera desplazamientos masivos
Desde el 29 de junio de 2026, en los municipios de Segovia y Remedios, en Antioquia, se registra un desplazamiento masivo provocado por amenazas de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, en disputa por economías ilegales. El secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, afirmó que en la política de Paz Total esas estructuras no se redujeron, sino que aumentaron en número de hombres, armas y control territorial.
Detalles de la crisis y respuesta institucional
Hasta ahora, 58 familias, equivalentes a 201 personas, han sido desplazadas. Salieron de la vereda Riobagre y llegaron a los cascos urbanos de ambos municipios. Según informó Martínez, en Segovia hay 37 familias, con 117 personas, y en Remedios, 21 familias, con 84 personas. Estas familias son atendidas por la Gobernación de Antioquia y las alcaldías locales.
El origen inmediato de la crisis se ubica en la confrontación entre el Frente Cuarto de las disidencias de las Farc y una estructura del Clan del Golfo en la zona limítrofe entre ambos municipios. El martes pasado, se realizó un consejo de seguridad para solicitar mayor presencia del Ejército y mejorar la capacidad de respuesta frente a estas organizaciones.
Martínez explicó que los habitantes rurales quedan atrapados entre estas estructuras, que ocupan el territorio de forma permanente. “La gente tiene que colaborar con ellas y luego son señalados como auxiliadores”, afirmó, describiendo el mecanismo de presión que termina desplazando a las familias de sus veredas.
La confrontación, que se ha intensificado en el último mes, se desarrolla en un corredor donde ambos grupos buscan imponer control mediante intimidación sobre la población campesina. El funcionario vinculó esa dinámica con una disputa que no responde a motivaciones insurgentes, sino a la lucha por control de rentas ilegales, principalmente en minería ilegal, narcotráfico y control territorial.
La minería ilegal, principal fuente de financiación
Martínez afirmó que la minería ilegal se ha convertido en la principal fuente de financiación de estos grupos en la región. La actividad ilícita, según el funcionario, impulsa la capacidad operativa de las estructuras que disputan el territorio. La confrontación no tiene motivaciones políticas ni ideológicas, sino que es una competencia por negocios ilícitos.
El funcionario también señaló que la presencia de estas organizaciones ha crecido en número de hombres y armas, lo que representa un desafío para las autoridades. La situación requiere una respuesta coordinada y efectiva para reducir el impacto humanitario y restablecer la seguridad en la zona.
¿Qué sigue? La situación en Antioquia plantea la necesidad de fortalecer la presencia del Estado y avanzar en estrategias de desarme y desmovilización. La comunidad y las instituciones enfrentan el reto de reducir la influencia de estos grupos y garantizar la protección de los habitantes rurales.
