Controversia en Panamá por mecanismo de suspensión salarial en investigaciones
El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Movimiento Otro Camino, presentó una demanda contencioso administrativa contra un decreto utilizado por la Contraloría General de la República que permite enviar a funcionarios a licencia sin sueldo durante investigaciones. La medida ha generado tensiones entre el contralor Anel “Bolo” Flores, la Asamblea Nacional y sectores jurídicos que cuestionan su legalidad.
Detalles de la demanda y el marco legal
La demanda fue presentada ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y está dirigida específicamente contra el punto del Decreto 90-2019-DNMySC que permite suspender salarios de funcionarios en medio de investigaciones administrativas relacionadas con el cumplimiento de funciones públicas y el uso de recursos estatales.
El diputado Cedeño afirmó que “eso tiene vicio de ilegalidad”, y explicó que la acción legal sostiene que el decreto viola normas relacionadas con la carrera administrativa, la carrera legislativa y otros regímenes especiales del sector público. Además, argumenta que una licencia sin sueldo debe ser solicitada voluntariamente y no impuesta unilateralmente por la Contraloría.
Implicaciones y riesgos del mecanismo
Según Cedeño, permitir esa suspensión preventiva podría abrir la puerta a medidas similares contra jueces, magistrados, fiscales y otros funcionarios del Estado. La controversia se originó cuando la Contraloría aplicó licencias sin sueldo a funcionarios vinculados a la Asamblea Nacional en medio de auditorías y verificaciones relacionadas con presuntas irregularidades en planillas y posibles casos de “botellas”.
La normativa, emitida en diciembre de 2019, establece que la licencia sin sueldo por investigación es una acción administrativa preventiva y no una sanción disciplinaria. Durante la vigencia de la licencia, el funcionario deja de recibir salario, pero si la investigación concluye que cumplía con sus funciones, puede retornar y reactivar sus pagos. En caso contrario, el expediente puede ser remitido a instancias como el Tribunal de Cuentas o el Ministerio Público.
Respuesta de la Contraloría y el contexto actual
La Contraloría ha señalado que la medida no constituye un castigo ni una destitución, sino una herramienta legal dentro de los procedimientos de fiscalización. Además, defendió que las actuaciones se realizan “con apego a la ley y en defensa del buen uso de los recursos públicos”.
Sin embargo, la medida provocó denuncias de diputados y funcionarios afectados, quienes acusaron al contralor de actuar sin debido proceso y de extralimitar sus funciones. La situación se ha agravado con acciones legales contra Flores, incluyendo denuncias por posible abuso de autoridad y violaciones al debido proceso.
¿Qué sigue en la disputa legal?
La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si el mecanismo de licencia sin sueldo utilizado por la Contraloría se ajusta o no a la legislación panameña. La resolución será clave para definir si estas acciones administrativas pueden continuar en el marco legal vigente o si, por el contrario, se consideran ilegales y susceptibles de nulidad.
Este caso refleja las tensiones actuales en Panamá entre los órganos de control y la Asamblea Nacional, en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en planillas y otros posibles delitos administrativos.
