Gobierno de México busca 99.99% de electrificación para 2028

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El plan del gobierno para ampliar la cobertura eléctrica en México

El Gobierno federal anunció un ambicioso programa de electrificación que busca alcanzar una cobertura de 99.99% en el país para el año 2028. Este esfuerzo forma parte de la estrategia de “justicia energética” impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de garantizar el acceso a la energía como un derecho fundamental.

Detalles del programa y cifras clave

El plan contempla la realización de más de 45,000 obras y una inversión superior a 21,000 millones de pesos. La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que estas obras buscan cerrar la brecha en el acceso a la electricidad, especialmente en comunidades rurales y marginadas.

De acuerdo con la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, el objetivo es electrificar las 8,247 localidades que aún carecen de servicio. La estrategia incluye obras de extensión de redes, sistemas aislados y soluciones fotovoltaicas, adaptadas a las características de cada comunidad.

Comparación con administraciones anteriores

Según las proyecciones, entre 2024 y 2028 se ejecutarán más de 45,000 obras, cifra que supera ampliamente las realizadas en administraciones pasadas. La misma funcionaria señaló que, entre 2006 y 2012, se llevaron a cabo 12,630 obras; entre 2012 y 2018, 14,505; y durante el gobierno de López Obrador, 21,645.

Enfoque en comunidades vulnerables y pueblos originarios

El programa prioriza a comunidades indígenas y zonas históricamente marginadas. Entre los proyectos destacados se encuentran obras en Sonora, Sinaloa, Michoacán y Chihuahua, donde se beneficiará a miles de habitantes. En regiones alejadas, como la Sierra Tarahumara, se implementarán sistemas fotovoltaicos para llevar electricidad a poblaciones dispersas.

Contexto y análisis

Este esfuerzo del gobierno refleja una visión de la electricidad como un derecho social, no como un privilegio ni una mercancía. La incorporación del concepto de justicia energética en la reforma aprobada en 2024 marca un cambio en la política energética del país, que busca reducir desigualdades en el acceso a los servicios básicos.

El avance en infraestructura eléctrica es fundamental para el desarrollo social y económico, especialmente en zonas rurales y marginadas. Sin embargo, aún queda por verse si estos compromisos se cumplirán en los plazos establecidos y si las obras serán suficientes para cerrar la brecha en el acceso a la energía en todo el país.

¿Qué sigue?

El plan del gobierno para electrificar casi la totalidad del territorio mexicano en cuatro años representa un reto importante. La implementación efectiva y la supervisión de estas obras serán clave para lograr los objetivos y garantizar que el derecho a la energía llegue a todos los mexicanos.

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