Por primera vez en 200 años, México inicia proceso para una Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos
El gobierno mexicano anunció oficialmente el inicio de la consulta para la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un proceso que marca un precedente en la historia legislativa del país. La convocatoria fue firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum el lunes 29 de junio en la Ciudad de México y quedó registrada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Contexto y alcance del proceso de consulta
Este proceso involucra a 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano, más de 16 mil comunidades y aproximadamente 8 millones de personas, lo que representa el 20.5% de la población nacional, según datos oficiales. La iniciativa se fundamenta en la reforma al Artículo 2 Constitucional, publicada el 30 de septiembre de 2024, que reconoce los derechos de estos grupos en el marco legal mexicano.
¿Qué propone la Ley?
El objetivo principal de la propuesta es reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. La ley busca facilitar su ejercicio de autonomía y su participación en la vida pública del país.
La estructura de la ley se compone de ocho libros que abordan temas como la libre determinación y autonomía en niveles comunitario, municipal y regional; derechos de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos; derechos específicos del pueblo afromexicano contra el racismo; además de la regulación del marco legal para el consentimiento libre, previo e informado, y la protección de derechos colectivos mediante juicios de amparo indígena y afromexicano, una innovación jurídica sin precedentes en México.
¿Cómo será el proceso de consulta?
La consulta se realizará en cinco etapas, entre julio y octubre de 2025. La primera, la publicación de la convocatoria, ocurrió el 29 de junio. La fase informativa se extenderá del 1 de julio al 6 de agosto, con difusión en más de 16 mil comunidades distribuidas en todo el país.
Posteriormente, la etapa deliberativa tendrá lugar del 7 de agosto al 13 de septiembre, con 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en ciudades como Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro. La fase de estudio y adecuación del proyecto se desarrollará del 21 de septiembre al 11 de octubre, para incorporar propuestas y observaciones. Finalmente, la presentación formal del documento al Congreso de la Unión está prevista para el 12 de octubre, en una fecha simbólica que remite a la historia del país.
Implicaciones y próximos pasos
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la entrega del proyecto a la Cámara de Diputados busca que la ley sea aprobada en esa fecha, que anteriormente fue conocida como el Día de la Raza y que ahora se denomina Día de la Resistencia de los Pueblos. La iniciativa ha sido diseñada con la participación de 35 dependencias federales, 148 reuniones de trabajo y un comité técnico asesor conformado por 20 personas, en su mayoría mujeres y hombres.
Organismos internacionales, como la ONU, también participan en el proceso, junto con el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que actúa como observadora. La ley pretende establecer un marco legal que garantice derechos específicos y protección jurídica a estos pueblos, en un contexto de reconocimiento y respeto a su identidad y cultura.
¿Qué sigue ahora? El proceso de aprobación en el Congreso determinará si la ley entra en vigor y cómo será implementada en las distintas comunidades. La participación de los pueblos y la transparencia en el proceso serán clave para su éxito y aceptación social.
