La Fiscalía mexicana reafirma la falta de pruebas de EE.UU. contra Rubén Rocha Moya
La Fiscalía de México reiteró este miércoles que Estados Unidos no ha entregado las pruebas que justifiquen la petición de detención urgente en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La solicitud fue realizada en abril pasado y Washington lo acusa de delitos relacionados con el narcotráfico.
El responsable de la Fiscalía Especializada de Control Regional de México, David Boone, declaró en rueda de prensa que, según la información oficial, “con base en lo señalado en esta solicitud no ha habido pruebas concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano”. Boone recordó que el Ministerio Público ya entrevistó al gobernador y a otros funcionarios señalados por EE.UU., entre ellos el senador federal Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
Implicaciones políticas y proceso legal en curso
El Departamento de Justicia de Estados Unidos provocó un impacto político en México al acusar formalmente a diez políticos del estado de Sinaloa, del noroeste del país, de recibir sobornos de Los Chapitos, una facción del Cartel de Sinaloa. La denuncia los vincula con delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas.
Boone afirmó que las autoridades mexicanas continúan recabando “datos de prueba” tras las acusaciones de Washington, que solicitó la detención de estos funcionarios con fines de extradición. La fiscal general de México, Ernestina Godoy, explicó que en el país vecino solo pidieron que “expliquen por qué es urgente” el arresto de los diez individuos, de los cuales dos ya se entregaron a las autoridades estadounidenses.
“La investigación en México se limita a los delitos por los que fueron señalados por Estados Unidos. No se ha ampliado a otros delitos”, precisó Godoy. El gobernador de Sinaloa, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se ha apartado temporalmente del cargo para enfrentar las acusaciones en su contra. Otros funcionarios señalados también han hecho lo propio.
¿Qué sigue en el proceso y qué implica esta situación?
Por el momento, el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum se ha negado a cumplir con la orden de extradición de EE.UU., reclamando más pruebas. La postura oficial se basa en el criterio de la fiscalía mexicana, que pide mayor sustento probatorio para proceder.
La situación genera interrogantes sobre la cooperación internacional en materia de justicia y la evidencia necesaria para avanzar en procesos de extradición. La próxima etapa dependerá de la entrega de pruebas por parte de Estados Unidos y de las acciones que tome la Fiscalía mexicana para garantizar un proceso legal conforme a la ley.
¿Qué implicaciones tendrá esta postura en la relación bilateral y en la lucha contra el narcotráfico en la región? Solo el tiempo dirá si se logra avanzar en las investigaciones o si se mantienen las tensiones entre ambos países.
