El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea anunció su renuncia a la SCJN, luego de esto se reunió con la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum.
La salida del ex titular del máximo tribunal todavía no es un hecho consumado, pues debe ser aceptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y remitida por él al Senado para que la apruebe o la rechace.
El hecho abre una serie de interrogantes, la primera de las cuales reside en su propia validez: el artículo 98 de la Constitución establece con toda claridad que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte solamente procederán por causas graves, y parece difícil sustentar que la sensación de un final de ciclo se inscriba en esa categoría.
Es cierto que sus colegas le cerraron el camino al oponerse de manera virulenta a la propuesta de ampliar su periodo al frente del máximo tribunal para darle tiempo de concluir los objetivos de su gestión y es probable que en los meses recientes haya padecido una marginación cada vez mayor que volvió asfixiantes sus labores. Sin embargo, a falta de explicaciones puntuales, es lógico que la ciudadanía se pregunte si su dimisión se encuentra justificada.
Es sabido que entre Zaldívar y el gobierno federal existía una coincidencia en torno a la necesidad de sanear al Poder Judicial de la Federación (PJF) para acabar con las múltiples lacras que lo lastran, incluidas el nepotismo, el tráfico de influencias, el apego a la ostentación y el derroche, una malsana unidad corporativa e incluso mafiosa entre sus integrantes, una corrupción inocultable y una viciosa convicción de encontrarse por encima de la soberanía popular.
Pese a sus innegables esfuerzos, el ministro no pudo completar dicha tarea, y, desde el ascenso de Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte, el proceso de limpieza institucional ha experimentado una regresión catastrófica para la impartición de justicia y el espíritu democrático de ese organismo. Otra duda inevitable es la referente a las actividades futuras del ministro. Zaldívar ofreció señales al respecto mediante publicaciones en redes sociales.
En una, expresó que “toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan”, mientras en otra apareció junto a la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, quien manifestó que acordaron trabajar juntos para avanzar en la transformación del país.
Lo anterior desató todo tipo de especulaciones acerca de su integración al eventual gabinete de la ex jefa del gobierno capitalino o su nombramiento como fiscal general de la República, pero estas vías podrían estar cerradas por el impedimento constitucional para que los ministros y otros funcionarios del PJF actúen como “patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación” dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro. Por lo tanto, de momento se sabe que se suma al proyecto progresista, pero no qué papel jugará en el mismo.
Con todo, la mayor incógnita la constituye el futuro de la Suprema Corte, en particular, y del Poder Judicial, en general.
Si el presidente López Obrador acepta la renuncia y el Senado la aprueba, deberá nombrarse un nuevo miembro de la SCJN, lo cual podría revelarse tortuoso habida cuenta del empecinamiento de los partidos de derecha en colocar a personajes afines en cargos claves pese a ser minoría en ambas Cámaras del Congreso.
En caso de destrabarse dicho proceso, quedará por verse si la llegada de un nuevo perfil al máximo tribunal basta para reanimar la depuración y renovación de las disfuncionales instancias jurídicas o si, como todo hace pensar hasta ahora, se requerirá una reforma constitucional de gran calado a fin de democratizar al Poder Judicial y consolidarlo como un instrumento de impartición y no de obstrucción de la justicia.
