Reformas en el sistema de protección infantil en Panamá
La Asamblea Nacional de Panamá está discutiendo cambios importantes al sistema de albergues de acogimiento institucional, en respuesta a cuestionamientos sobre la supervisión y gestión de estos centros donde permanecen niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad bajo protección del Estado.
El núcleo del debate: quién debe supervisar los albergues
El punto más sensible en la discusión es determinar quién debe encargarse de la supervisión de los albergues administrados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Actualmente, esta institución opera centros propios y también ejerce funciones de control sobre ellos, lo que ha generado controversia.
El proyecto de ley 618 y sus objetivos
El proyecto de ley 618 busca regular la apertura y funcionamiento de los centros de acogimiento institucionales y residenciales, elevando la regulación a rango de ley. La iniciativa también pretende derogar el Decreto Ejecutivo 404 del 30 de octubre de 2020, que actualmente regula estos centros y establece mecanismos de supervisión y monitoreo.
Necesidad de mayor independencia en la supervisión
Según la diputada Alexandra Brenes, quien propone la norma, uno de los aspectos más complejos es que la Senniaf actúa tanto como administradora como fiscalizadora de sus propios centros. La propuesta busca que la vigilancia tenga mayor independencia institucional, permitiendo que el Ministerio de Desarrollo Social tenga una oficina encargada de supervisar estos centros de forma autónoma.
Antecedentes y crisis en el sistema de protección
Este debate surge tras denuncias por presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral de Tocumen, administrado por la Senniaf, que provocaron una crisis institucional y la renuncia de la directora de la entidad en marzo de 2026. La diputada Brenes sostuvo que las investigaciones deben continuar para establecer responsabilidades.
Críticas y fallas estructurales en la supervisión
El proyecto también toma en cuenta antecedentes de escándalos por maltrato, abuso y negligencia en centros de protección, que evidencian las debilidades en los mecanismos de supervisión. La exposición de motivos del proyecto reconoce que Panamá enfrenta dificultades en la fiscalización y control de estos centros, y propone establecer estándares mínimos obligatorios y protocolos de atención.
Requisitos y controles para la operación de centros
Entre los requisitos para operar un centro de acogimiento se incluyen infraestructura adecuada, personal capacitado, protocolos de protección infantil, permisos de instituciones como el Ministerio de Salud y el Cuerpo de Bomberos, además de visitas periódicas y evaluaciones de las condiciones de los menores y adultos con discapacidad.
El papel de la mesa técnica y el futuro del proyecto
La mesa técnica, integrada por varias instituciones, continúa revisando el articulado antes de que el proyecto avance en la Asamblea Nacional. El objetivo es construir un marco legal que garantice una supervisión más efectiva y transparente, reforzando la protección de los derechos de los menores y adultos en situación de vulnerabilidad.
¿Qué implica este debate para la protección infantil en Panamá?
Este proceso legislativo refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y garantizar que los centros de acogida funcionen bajo criterios de protección, transparencia y respeto al interés superior del niño. La discusión sigue abierta y será clave para definir el futuro del sistema de protección en el país.
