Claudia Sheinbaum aclara la postura del gobierno mexicano sobre los acusados en Sinaloa
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó en claro durante la conferencia de La Mañanera de este jueves que el gobierno mexicano no tiene ninguna obligación jurídica de rastrear ni vigilar a las ocho personas que aún no se han entregado a las autoridades de Estados Unidos en el caso Sinaloa.
Respuesta a la presión internacional
Sheinbaum afirmó que “no hay, digamos, nada legal que nos obligue a tener una vigilancia particular sobre alguna de las otras personas”. La declaración se dio en medio de una creciente presión desde Washington, donde el administrador de la DEA, Terry Cole, declaró ante el Senado que la acusación contra Rocha Moya era “solo el comienzo”. La administración Trump ha intensificado su postura respecto a México en materia de seguridad.
¿Quiénes se entregaron y cómo?
Dos exfuncionarios clave del gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos tras ser acusados de colaborar con el Cártel de Sinaloa. Mérida Sánchez, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, cruzó la frontera el 11 de mayo desde Hermosillo, Sonora, hacia Arizona, y actualmente está recluido en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York. Por su parte, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Rocha Moya, se entregó desde Europa, donde se encontraba de vacaciones.
Reacciones y decisiones del gobierno mexicano
Sheinbaum aseguró que ambas entregas fueron decisiones personales, sin intervención del gobierno federal: “Allá ya sabrán ellos por qué se entregaron”. La presidenta también confirmó que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, continúa con protección de la Guardia Nacional, aunque aclaró que dicha protección no la decide ella, sino que se evalúa caso por caso a solicitud de las secretarías de Seguridad o Defensa.
El contexto legal y la presión internacional
El 29 de abril, fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York emitieron una acusación formal contra 10 personas, señaladas de ayudar al Cártel de Sinaloa, clasificado como organización terrorista extranjera, a introducir drogas desde México a Estados Unidos a cambio de millones de dólares. La Fiscalía General de la República (FGR) analizó la petición de detención provisional con fines de extradición, pero concluyó que no había pruebas suficientes para una acción inmediata, por lo que Rocha Moya solicitó licencia al Congreso de Sinaloa, que fue aprobada en sesión extraordinaria.
¿Qué sigue en el escenario internacional?
La emisión de una ficha roja por parte de Interpol, tras la existencia de órdenes de aprehensión en EE.UU., activa la presión internacional para detener a los acusados que puedan abandonar México. La posible entrega voluntaria de los otros seis acusados genera inquietud en Morena, ya que podrían colaborar con las autoridades estadounidenses y revelar información sensible.
¿Qué implica esto para México?
El gobierno federal mantiene su postura de que, sin pruebas contundentes, no actuará de manera inmediata. Sin embargo, el cerco internacional se estrecha, y la posibilidad de que más acusados sigan el camino de los dos exfuncionarios aumenta la tensión en torno a la colaboración entre ambos países en materia de seguridad y justicia.
¿Qué opinas tú sobre la postura del gobierno mexicano en este caso? ¿Crees que la presión internacional afectará las decisiones futuras? La discusión está abierta.
