Organizaciones campesinas convocan gran paro nacional para el 20 de mayo en Colombia
El próximo miércoles 20 de mayo, organizaciones campesinas, sindicatos y sectores sociales en Colombia han anunciado una jornada de paro nacional. La movilización, que tendrá su epicentro en Bogotá, busca presionar por la aprobación de la reglamentación de la Jurisdicción Agraria y Rural, un tema clave en la agenda agraria del país.
¿Por qué se realiza el paro?
La convocatoria surge ante el temor de que el Congreso no apruebe la normativa necesaria para fortalecer la justicia especializada en conflictos de tierras y derechos rurales. Los convocantes consideran que la falta de regulación podría poner en riesgo avances en la reforma agraria y la protección del campesinado.
Detalles de la movilización
La protesta comenzará a las 11:00 a.m. frente al Edificio Colpatria en Bogotá y continuará hacia la Plaza de Bolívar y el Palacio de Justicia. Además, en ciudades como Valledupar, Cartagena, Popayán, Montería y Sincelejo, las organizaciones sociales también participarán en las protestas.
Preocupaciones sobre la Agencia Nacional de Tierras
Uno de los principales motivos del paro es la posible pérdida de competencias de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Voceros campesinos expresaron que un documento reciente de la Corte Suprema de Justicia plantea “quitarle a la ANT la facultad administrativa para identificar, recuperar, administrar y adjudicar baldíos de la Nación”. Esto, aseguran, sería un retroceso en la protección de los derechos rurales y en la recuperación de tierras.
Contexto político y legal
El llamado a la movilización fue impulsado tras un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien el 14 de mayo urgió a las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a movilizarse para presionar la aprobación de la ley. Petro advirtió que el estancamiento en el Congreso podría derivar en una “repetición de la violencia de mediados del siglo XX”, en referencia a la concentración de tierras y la inseguridad rural.
El proyecto de ley debe ser aprobado antes del 20 de junio en las plenarias del Congreso. De no lograrse, la normativa sería archivada y los juzgados agrarios, previstos para abrir en 2027, quedarían sin marco regulatorio, lo que pondría en suspenso la justicia rural en el país.
Posturas oficiales y resistencia campesina
El presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis Gómez, afirmó que “la adjudicación de los terrenos baldíos ha sido y es, como en los últimos 90 años, una facultad del Estado, a través de la ANT”. Sin embargo, los movimientos campesinos consideran que esta postura limita la recuperación de tierras y que solo la movilización puede garantizar la protección de sus derechos y avances en la reforma agraria.
Consecuencias de no aprobar la ley
De no aprobarse la ley, quedarían sin efecto la Ley Estatutaria 2570 y la Sentencia C-099, que establecieron la creación de tribunales agrarios y ordenaron su implementación gradual. El presidente Petro advirtió que “solo el pueblo decide si retrocedemos a la Constitución de 1886, atrás incluso de la Ley 200 de tierras de 1936 en la ‘Revolución en Marcha’”.
¿Qué está en juego?
El paro campesino en Colombia refleja la tensión entre el avance en la justicia rural y los obstáculos legislativos. La movilización busca defender lo que consideran derechos fundamentales para el acceso a la tierra y la protección del campesinado, en un contexto donde la demora en la aprobación de la normativa podría tener efectos duraderos en la reforma agraria.
