El Senado vuelve a dictaminar un acuerdo con holdouts por USD 171 millones
Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Economía Nacional e Inversión del Senado volvió a firmar esta tarde un dictamen de mayoría que avala el acuerdo entre Argentina y dos fondos de inversión, conocidos como holdouts, que implicará un pago total de USD 171 millones. El Congreso tiene hasta el 30 de junio próximo para sancionar esta resolución.
Detalles del acuerdo y sus implicaciones
El convenio establece que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones al segundo.
Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP), que implica que los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos. Los acreedores también asumirán los costos legales derivados del litigio y se incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta completar la operación.
Contexto y antecedentes
Este acuerdo ya había sido dictaminado y estuvo a punto de aprobarse en la Cámara alta la semana pasada, pero una adenda enviada por el Ejecutivo obligó a volver a foja cero. La tarde de hoy, las comisiones, que son lideradas por el libertario Agustín Monteverde (Presupuesto) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Economía Nacional), rubricaron el dictamen.
Explicaciones y aclaraciones oficiales
El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, aclaró que no hubo error del Estado, sino que Attestor informó tarde que uno de los bonos ya no estaba en su poder, lo que llevó a readecuar el acuerdo mediante una enmienda. Amerio explicó que la Argentina no podía verificar de forma independiente esa información, pero aseguró que no se modificó el monto del acuerdo ni generó exposición adicional.
Por su parte, Juan Ignacio Stampalija, del Ministerio de Economía, precisó que la compulsa en tribunales norteamericanos implicaba un total de USD 465 millones, que tras la quita quedará en USD 171 millones. La operación busca cerrar juicios pendientes y evitar futuras acciones legales, en un contexto de renegociación de pasivos internacionales.
¿Qué sigue ahora?
El acuerdo aún debe ser sancionado por el Congreso antes del 30 de junio, y su aprobación es vista como un paso importante para la Argentina en la resolución de litigios internacionales. La decisión genera debate sobre la estrategia del país para gestionar sus pasivos y la relación con fondos de inversión que mantienen juicios en tribunales extranjeros.
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