El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compareció este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, en medio de una investigación que ha generado atención nacional e internacional. La causa, derivada de acusaciones presentadas en Estados Unidos, involucra a varios funcionarios del estado y ha puesto en el centro del debate la relación entre justicia mexicana y las acusaciones del vecino país.
Hechos principales de la comparecencia
Según informó Rocha Moya en una publicación en la red social X, el mandatario estatal respondió a las preguntas formuladas por la fiscalía. Además, solicitó su separación temporal del cargo mientras dura la investigación y expresó su disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas.
El gobernador también manifestó su confianza en el sistema judicial mexicano y en el Estado de derecho, defendiendo las reformas impulsadas por el movimiento de la Cuarta Transformación y respaldando a la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que las diligencias no implican imputaciones contra los funcionarios citados.
Contexto y antecedentes del caso
Las investigaciones en México se originan a partir de una acusación presentada el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra diez funcionarios de Sinaloa, mientras que el Departamento de Justicia de EE.UU. ha solicitado la detención con fines de extradición de varios ciudadanos mexicanos vinculados con delitos de tráfico de drogas y armas.
En este escenario, tanto Rocha Moya como otros funcionarios, incluyendo al senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, han sido llamados a declarar por la fiscalía mexicana. Inzunza Cázarez, por ejemplo, confirmó en su cuenta de X que atendió la citación sin acompañamiento jurídico, pero en plena disposición de colaborar con las autoridades.
Implicaciones políticas y judiciales
Este caso refleja la complejidad de las investigaciones que involucran a funcionarios mexicanos en delitos relacionados con el narcotráfico y armas, y pone a prueba la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de justicia. La comparecencia de Rocha Moya y las declaraciones de otros implicados evidencian una situación delicada, en la que las autoridades mexicanas buscan mantener la confianza en sus instituciones y en su sistema judicial.
Por ahora, las autoridades mexicanas aseguran que las diligencias son solo entrevistas y que no hay imputaciones formales contra los funcionarios citados. Sin embargo, el desarrollo del caso será clave para entender el alcance de las acusaciones y las posibles consecuencias políticas en el estado y en el país.
¿Qué sigue en el proceso?
La investigación continúa en curso, y las declaraciones de los implicados serán fundamentales para esclarecer los hechos. La transparencia y la colaboración serán determinantes para que el proceso avance con seriedad y sin afectar la institucionalidad mexicana. La comunidad política y la sociedad observan atentos cómo se desarrolla este caso, que podría tener implicaciones importantes en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en México.
