El caso de Juliana Guerrero y la defensa pública realizada por Gustavo Petro marcaron uno de los episodios más controvertidos en el Ministerio de la Igualdad. La polémica surgió cuando Guerrero fue condenada por presentar documentos falsos para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, un hecho que generó intensos debates políticos y jurídicos.
Contexto y hechos centrales
Durante su mandato, Gustavo Petro defendió al menos cinco veces a Juliana Guerrero antes de que se dictara una condena de tres años en su contra. La exfuncionaria aceptó los cargos por presentar documentos falsos para respaldar su aspiración a la viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad.
La Fiscalía sostuvo que Guerrero buscó inducir en error a funcionarios públicos para obtener el nombramiento. Según el expediente, se habrían realizado pagos cercanos a $8 millones para obtener los documentos: $2 millones por la matrícula de una tecnología, $4,7 millones por la de Contaduría Pública y el resto por derechos de grado y trámites administrativos.
Antecedentes y desarrollo del caso
La controversia escaló cuando la senadora Jennifer Pedraza, denunciante del caso, cuestionó que Petro mantuviera a Guerrero como delegada en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar hasta el final de su gobierno. Pedraza expresó su indignación por el respaldo sostenido de Petro a Guerrero.
Petro había presentado a Guerrero durante uno de sus primeros consejos de ministros televisados, describiéndola como una joven rebelde. Desde entonces, la respaldó públicamente en al menos cinco ocasiones, incluso cuando ya existían denuncias e investigaciones en curso.
Posturas y declaraciones de las partes
En octubre de 2025, Petro negó haber nombrado a una viceministra con título falso y sugirió que el problema podía reducirse a un requisito pendiente de grado. Declaró: “No nombré una viceministra con título falso, por eso se tienen filtros, incluidos ustedes, o acaso, ¿hay una viceministra con títulos falsos? Pero, por otro lado, ¿el título de Juliana es falso, o falta que se cumpla el requisito del examen que está inscrito desde julio y que se realiza por decisión del Icfes a principios de noviembre”.
Ese mismo día, Petro minimizó la controversia con otra declaración: “Entonces el examen para graduarse Juliana después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?”.
En otra intervención, Petro atribuyó los ataques contra Guerrero a la exposición pública que él mismo le dio al presentarla en televisión. Señaló: “Cometí el error de mostrarla en una cámara de televisión y, como creyeron que tenían una relación sentimental conmigo, se fueron a destruirla. A Juliana Guerrero no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad. Allí fue amenazada de muerte y tuvieron que exiliarse”.
Respuesta judicial y administrativa
La Fiscalía explicó que Guerrero utilizó documentos con apariencia legítima para sustentar su hoja de vida y así “inducir en error a los servidores públicos (…) y obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento como viceministra de Juventudes”. La fiscal del caso sostuvo que Guerrero tenía pleno conocimiento de la falsedad de los documentos cuando los presentó.
La defensa institucional no se limitó a declaraciones. En febrero, la Presidencia respondió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para respaldar la designación de Guerrero en el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Cesar, solicitando negar la medida cautelar solicitada por Pedraza.
Implicaciones y cierre del caso
La condena de tres años y la aceptación de cargos por parte de Guerrero cerraron judicialmente el caso. Guerrero permaneció en su posición hasta que renunció en julio del año pasado.
La última defensa pública de Petro ocurrió el 26 de julio, semanas antes de finalizar su gobierno. En esa ocasión, Petro afirmó: “Es Juliana y su hermana las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y, si recibieron dinero, devolverlo y colaborar con la justicia”.
Días antes, en mayo, Petro declaró en entrevista con Caracol Radio: “A la señora Juliana Guerrero no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad y no es funcionaria pública”.
El caso de Juliana Guerrero y la postura de Gustavo Petro han dejado una huella en el debate sobre la transparencia en la administración pública y la responsabilidad de los altos funcionarios frente a denuncias de irregularidades.
Para más información sobre procesos judiciales y defensas políticas, puedes consultar el caso de Wendy Herrera y Carlos Caicedo.
