La gestión ambiental en Benito Juárez bajo fuego por supuestas irregularidades en el manejo de residuos.
Cada declaración de las autoridades, en un intento por justificar lo injustificable, solo despierta más sospechas y cuestionamientos. Ahora, se afirma que la Parcela 175, donde se está construyendo la controvertida “celda clandestina” de residuos, cuenta con dos Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) ¿Qué es peor: afirmarlo, creerlo o inventarlo?
Un proyecto en una zona selvática, que implique la remoción de vegetación, debe contar, ante todo, con un “cambio de uso de suelo forestal” gestionado ante la Semarnat. Este requisito es básico para una MIA. Según la Ley Federal de Equilibrio Ecológico, comenzar obras sin tener una MIA conlleva a la cancelación automática de la obra y negación inmediata de la MIA, con posibles consecuencias penales.
Consultar a la Semarnat sobre cambios de uso de suelo forestal para un relleno sanitario en Benito Juárez e Isla Mujeres revela que solo existe uno autorizado en la Parcela 196, en la zona de equipamiento urbano de Isla Mujeres. Además, ¿cuándo se gestionaron estas supuestas dos MIAs? ¿Antes del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL)? El POEL, desde 2014, prohíbe actividades como rellenos sanitarios en áreas de reserva de agua.
Aún si se acepta que hay dos MIAs, la pregunta persiste: ¿cuándo se gestionaron? Dadas las restricciones del POEL, gestionarlas antes de 2014 sería improbable. La reciente licitación, con resultados sorprendentes a favor de Red Ciprés, vinculada al Gobierno Verde/Moreno, levanta más sospechas sobre la transparencia del proceso.
Además, gestionar una MIA para una celda de residuos implica un cambio de uso de suelo forestal, que no se ha realizado. Sin este requisito, cualquier acción en la selva constituye un delito ambiental federal, con posibles consecuencias penales.
El propietario de la celda clandestina, Angel Alvarez, ha engañado a las autoridades vendiendo la idea de dos MIAs. Este esquema de corrupción no solo afecta a Benito Juárez, sino también a otras iniciativas, como las sascaberas para el “Tren Maya”.
Incluso si estas MIAs fueran reales, podrían ser para una sascabera, no para un relleno sanitario. Carecerían del permiso adecuado y no cumplirían con la normativa ambiental.
La arrogancia y complicidad de las autoridades municipales solo agravan la situación. En vez de detener la atrocidad, parecen cómplices o ignorantes. Pero la realidad es que estas acciones conducirán a una crisis inevitable.
El manejo de residuos no es solo un problema técnico, es un problema político y ético. La basura y la corrupción son monstruos igualmente destructivos. Si no se actúa con integridad y diligencia, Benito Juárez enfrentará graves consecuencias.
Es hora de poner fin a la opacidad y la corrupción. La ciudadanía exige respuestas y acciones concretas para proteger el medio ambiente y garantizar un futuro sostenible para todos.
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