Una reciente circulación en redes sociales ha generado controversia en torno a un presunto oficio oficial del municipio de Tarimoro, Guanajuato, fechado el 28 de mayo de 2026. El documento, que aún no ha sido confirmado oficialmente, señala que servidores públicos de esa localidad estarían obligados a asistir a un evento en la Ciudad de México para conmemorar el segundo año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El contenido del supuesto oficio
Según la información difundida, el documento, presuntamente firmado por el Lic. Antonio Acevedo Rodríguez, Oficial Mayor del municipio, está dirigido a directores y coordinadores de dependencias locales. La instrucción sería clara: enviar al 50% del personal a cargo al evento celebrado en el Monumento a la Revolución, en la capital del país.
El oficio, identificado con el número OM/227/2026, indicaría que la asistencia no sería opcional. Además, señala que la orden proviene directamente del alcalde Saúl Trejo Rojas y que cada dependencia debía entregar, al día siguiente, un listado con los nombres del personal asignado para asistir.
Sanciones y movilización
El documento advierte que quienes no cumplieran con la instrucción enfrentarían sanciones administrativas. También se menciona que personal de la Oficialía Mayor estaría tomando lista para verificar la asistencia. Como incentivo, el municipio ofrecería un día de descanso a quienes acudieran, aunque esto dependería de la disponibilidad de cada dependencia.
En redes sociales también comenzaron a circular imágenes y videos de autobuses que, presuntamente, transportaban a empleados públicos hacia la concentración en la Ciudad de México, lo que refuerza la percepción de una movilización coordinada para el evento.
Contexto y repercusiones
El acto en cuestión corresponde a la rendición de cuentas del segundo año de gestión de Sheinbaum, realizado en un escenario emblemático y con alta cobertura mediática. La convocatoria se da en medio de un escenario de tensión política, con atención especial a la crisis en Sinaloa y el papel de los gobiernos locales en la movilización de sus empleados.
El caso de Tarimoro plantea una interrogante: ¿será una práctica aislada o refleja una tendencia más amplia en la administración pública mexicana? Hasta ahora, la autenticidad del oficio no ha sido confirmada oficialmente por el municipio, por lo que la polémica continúa en redes sociales y medios de comunicación.
¿Qué implica esta situación?
Este tipo de movilizaciones y órdenes estrictas, si se confirman, abren un debate sobre la transparencia y el respeto a los derechos laborales de los servidores públicos. La obligación de asistir a eventos políticos, bajo sanciones, podría ser vista como una forma de coacción que afecta la autonomía de los empleados públicos.
Por ahora, la polémica sigue vigente y la comunidad política y social cuestiona la legalidad y ética de estas prácticas, que parecen ser parte de una estrategia de movilización en momentos clave del calendario político.
¿Qué sigue?
Mientras tanto, la confirmación oficial de la autenticidad del oficio será clave para entender la magnitud de la situación. La discusión continúa en redes sociales y medios especializados, invitando a la reflexión sobre los límites del uso de recursos públicos con fines políticos.
