Columna de opinión
Mientras se agita y disminuye el debate por el saludable retiro de la empresa Aguakan del negocio del agua potable en el norte de Quintana Roo, 𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐮𝐧𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐯𝐚𝐫𝐫𝐮𝐛𝐢𝐚𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐭é𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐜𝐞 𝐨𝐜𝐮𝐥𝐭𝐨 𝐲 𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐬𝐞 𝐬𝐚𝐛𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐬 𝐢𝐧𝐞𝐥𝐮𝐝𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬, si acaso las tiene desde Chetumal el ex director de Fiscalización del Ayuntamiento de Cancún.
La salida de Aguakan es exigida por un elevado universo poblacional y es un tema vital para fortalecer las finanzas estatales, ya que la empresa succiona ganancias multimillonarias por su ventajosa concesión en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen.
Aquí es forzosa la activación de Covarrubias para entrarle a fondo al tema de Aguakan, revisando la leonina concesión para aportar datos duros a los pasivos diputados locales y a la gobernadora Mara Lezama para extirpar a la empresa del manejo del agua potable, porque la salida de Aguakan tiene que ocurrir por salud financiera del gobierno estatal y por el bien de miles y miles de usuarios del norte.
Pero además 𝐞𝐬 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐯𝐚𝐫𝐫𝐮𝐛𝐢𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐠𝐮𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐝𝐞𝐮𝐝𝐨𝐬 𝐲 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 (𝐃𝐑𝐀𝐄𝐅) 𝐲 𝐥𝐚 𝐝𝐚ñ𝐢𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞, ya que en varios hogares de Chetumal reportan la salida de lodo blancuzco y otras impurezas en mayor cantidad.
𝐍𝐨 𝐡𝐚𝐲 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐝𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐯𝐚𝐫𝐫𝐮𝐛𝐢𝐚𝐬, un cancunense que no está a la altura de la exigencia en una dependencia que reclama tiempo completo y visión estratégica, porque 𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐚𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐮𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐩𝐨𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐪𝐮𝐞𝐫í𝐚.
Información de Javier Chávez
