Introducción: La reciente revelación de los costos asociados al Baile de Damas del Carnaval Chetumal 2024 ha encendido la polémica en Quintana Roo. La contratación del cantante Mijares, cuya actuación costó casi 9 millones y medio de pesos al erario, plantea serias interrogantes sobre la eficacia de estos eventos en la recaudación de fondos para el DIF y su impacto social.
La Transparencia en Cuestión
La iniciativa de Alberto Ramos por transparentar los gastos del concierto ha arrojado luz sobre una gestión financiera que, para muchos, resulta cuestionable. Con un total invertido de 9 millones 426 mil 317 pesos con 91 centavos, el evento parece distar mucho del beneficio social prometido.
El Precio de la Fama
De la cifra total, 6 millones 32 mil pesos fueron destinados exclusivamente para la presentación de Mijares, un gasto que ha generado debate sobre la priorización de recursos en un estado con diversas necesidades sociales y económicas.
Beneficiarios de la Inversión
Más allá del caché del artista, empresas como Grupo Recolo, Mokia Soluciones, y Niu Productions, entre otras, se beneficiaron económicamente de la organización del evento. La selección de proveedores foráneos y los montos asignados han suscitado sospechas de precios inflados y falta de apoyo a proveedores locales.
Un Objetivo Social Fallido
Frente a un ingreso de solo un millón 461 mil 900 pesos por la venta de boletos, el evento no logró su supuesto fin recaudatorio. La discrepancia entre costos e ingresos pone en tela de juicio la justificación de “beneficio social” detrás del concierto.
Las Voces Responsables
Lorely Pérez García y Gloria Verónica Buenfil Silva, encargadas de la información sobre el evento, enfrentan ahora el escrutinio público y la demanda de explicaciones claras sobre el manejo de los recursos destinados a este concierto.
Conclusión:
El concierto de Mijares en el Carnaval Chetumal 2024 se presenta como un caso de estudio sobre la gestión de fondos públicos y la responsabilidad social de las instituciones involucradas. La comunidad de Quintana Roo merece transparencia y eficiencia en el uso de sus recursos, especialmente cuando se promete un impacto social positivo.
Este evento deja varias preguntas abiertas: ¿Cómo se justifica el gasto? ¿Cuál es el verdadero beneficio para la comunidad? Y, más importante aún, ¿cómo se garantizará que situaciones similares no se repitan en el futuro?
La opinión pública espera respuestas, mientras el debate sobre la asignación de fondos públicos y la verdadera contribución de eventos de esta magnitud continúa.
