El fenómeno de la guerrilla en México ha dejado una marca indeleble en varias generaciones, particularmente en aquellos que vivieron los años 60 y 70. En esa época, la protesta tomaba la forma de pintas en las calles que decían “TIERRA Y LIBERTAD“, “ACNR“, “LIBERTAD“, “DEMOCRACIA“. Aunque los nombres y las siglas puedan parecer desconocidos para muchos, estos mensajes fueron el germen de una oposición al partido hegemónico que dominaba la política nacional.
La Dirección Federal de Seguridad (DFS), creada en el período del presidente Miguel Alemán Valdés en 1947, emergió al mismo tiempo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su función inicial era recopilar información sobre actividades subversivas y terroristas en México, pero con el tiempo se transformó en una herramienta de espionaje político al servicio del presidente en turno. Fue en este contexto que surgieron las guerrillas en estados como Guerrero, Jalisco, Sinaloa y Oaxaca.
Uno de los líderes más emblemáticos de esta era fue Lucio Cabañas Barrientos, un profesor rural formado en Tecak, Yucatán, que fundó el Partido de los Pobres. Durante el mandato del Capitán Fernando Gutiérrez Barrios (1965-1970) y luego el Capitán Luis de la Barreda Moreno (1970-1977), el país vivió días convulsos. En mayo de 1974, Cabañas secuestró al senador Rubén Figueroa Figueroa, candidato a la gubernatura de Guerrero, en un acto que puso en evidencia la lucha contra el régimen. Este evento marcó el inicio de la llamada “Guerra Sucia“, una época de desapariciones forzadas bajo la etiqueta de “guerrillero“.
Un punto controversial es la supuesta financiación de la Liga 23 de Septiembre por parte de la DFS. Este grupo guerrillero, conocido por el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada el 17 de septiembre de 1973, operó con pleno conocimiento del gobierno, exponiendo la compleja relación entre el poder y los movimientos subversivos.
Hoy, la guerrilla sigue existiendo en diversos estados del país, incluidos Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Querétaro, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Puebla, Chihuahua y Coahuila. Estos grupos presentan un denominador común: extremismo y radicalismo tanto de izquierda como de derecha. Entre los grupos activos están:
- ACNR: Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
- AAM: Atentados Anarquistas en México
- CEB: Comunidades Eclesiales de Base
- CJM: Comando Jaramillista Morelense 23 de mayo
- CMSA: Célula Mariano Sánchez Añón
- CARIPG: Células Autónomas de Revolución Inmediata Práxedis G. Guerrero
- CFIAA: Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria
- CPR: Comando Popular Revolucionario-La Patria es Primero
- CACH: Comandos Armados de Chihuahua
- CAP: Comandos Armados del Pueblo
- CCRPC: Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio
- EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional
- EPR: Ejército Popular Revolucionario
- EC: Ejército Cristero
- EPLUA: Ejército Popular de Liberación Unido de América
- EPMLN: Ejército Popular Magonista de Liberación Nacional
- ERPI: Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
- EVRP: Ejército Villista Revolucionario del Pueblo
Entre los grupos que aún tienen presencia, se encuentran las ramificaciones de la Liga 23 de Septiembre, como “Los Procesos“, “Comandos Armados los Lacandones Patria o Muerte“, y “Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata (BREZ)“. Estos movimientos continúan operando con una clara advertencia de su influencia creciente en el norte del país.
Este panorama plantea un inquietante recordatorio: algunos grupos podrían sentirse traicionados por el posible regreso del partido hegemónico contra el que lucharon. La reciente militarización del país sugiere un temor subyacente por parte del gobierno. La pregunta clave es, ¿a qué le teme realmente el poder ejecutivo? La creciente inversión en el ejército y la falta de transparencia en el manejo de recursos, bajo la premisa de “seguridad nacional“, apuntan a un fortalecimiento del aparato militar como herramienta de control. militarización del país sugiere un temor subyacente por parte del gobierno. La pregunta clave es, ¿a qué le teme realmente el poder ejecutivo? La creciente inversión en el ejército y la falta de transparencia en el manejo de recursos, bajo la premisa de “seguridad nacional”, apuntan a un fortalecimiento del aparato militar como herramienta de control.
La inquietud se intensifica al considerar las recientes noticias sobre la seguridad de la familia presidencial, resguardada por el ejército. Esto plantea interrogantes sobre la urgencia de debilitar al Poder Judicial de la Federación y la insistencia en una sobrerrepresentación política. ¿Es esta la estrategia para imponer un régimen que ya ha mostrado signos de fracaso?
El resultado de esta dinámica podría determinar si el partido hegemónico logra la mayoría absoluta que no obtuvo en las urnas. Mientras tanto, los partidos políticos parecen desvinculados de los grupos clandestinos, pero el espectro de la guerrilla sigue presente.
PD1: ¿Regresará la guerrilla? La incertidumbre persiste, pero su presencia no puede ignorarse.
PD2: ¿Volverá la Guerra Sucia con una nueva Dirección Federal de Seguridad? La historia podría repetirse.
PD3: ¿Cómo reaccionarán los empresarios si el partido hegemónico se reinstala en el poder? La respuesta podría definir el futuro político y económico del país.
