La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, presentó su Cuarto Informe de Gobierno el 6 de septiembre en Chetumal con un mensaje de continuidad: “en cuatro años cambiamos el rumbo”. El informe se apoya en tres cifras duras —pobreza, deuda y transparencia— y en una que funciona como sello de garantía: cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por segundo año consecutivo.
Ninguna de esas cifras es falsa. La pregunta que este medio se hace es otra: ¿qué gasto quedó fuera del corte de caja que se presumió en el informe?
Lo que el informe sí contabilizó
- Deuda: reducción cercana a $5,700 millones de pesos sobre los poco más de $7,000 millones en pasivos de corto plazo recibidos al inicio de la administración. Una caída de 53% en deuda per cápita, la mayor reportada por una entidad federativa, sin contratación de deuda nueva.
- Calificación crediticia: siete niveles de mejora; de su peor registro histórico a estar entre las tres entidades mejor calificadas del país.
- Pobreza: más de 200 mil personas salieron de esa condición durante la administración, con una reducción reportada del 38%.
- Transparencia: avance de 27 posiciones en el indicador nacional, del lugar 29 al segundo.
- Fiscalización: cero observaciones de la ASF en la Cuenta Pública estatal, dos años seguidos.
Es un balance sólido en el papel y explica el tono del discurso. También explica la advertencia que la propia gobernadora lanzó ese día: dijo enfrentar una “guerra política” y un embate dirigido a debilitar las bases del proyecto de transformación.
Lo que no entró al corte
En paralelo al informe corre una línea de gasto que no se presume desde el estrado. De acuerdo con la investigación del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (PopLab) y Connectas, el gobierno de Quintana Roo otorgó tres contratos por adjudicación directa a empresas vinculadas a Seguritech Privada, por un monto combinado de $2,869 millones 923 mil 877 pesos:
- $2,262 millones 685 mil pesos — vehículos, chalecos y un helicóptero.
- $580 millones 509 mil 600 pesos — soporte y mantenimiento multianual de la infraestructura de videovigilancia (firmado el 16 de agosto de 2023).
- $77 millones 498 mil pesos — estudios de preinversión para un penal en Cancún, vía Picorp de México, filial ligada a Seguritech (firmado el 28 de noviembre de 2023).
Dentro del primer contrato está el Águila 2, el helicóptero Bell 429 por el que el estado pagó cerca de $440 millones de pesos: alrededor de tres veces su valor de referencia. La aeronave aparece operada por PABE-TAX, firma vinculada al mismo grupo empresarial. Este medio ya documentó el uso del Águila 2 en trayectos que salen de un helipuerto ubicado a unos pasos del domicilio de la gobernadora.
Por qué las dos cosas pueden ser ciertas a la vez
Aquí está el nudo, y conviene decirlo sin trampa: “cero observaciones de la ASF” y “$2,869 millones por adjudicación directa” no se contradicen. La ASF revisa principalmente recursos de origen federal y trabaja con muestras selectivas por ejercicio fiscal; una adjudicación directa estatal, si está formalmente fundada en la ley de adquisiciones aplicable, puede no aparecer en su muestra ni generar observación alguna.
Es decir: el cero de la ASF no es un certificado de que el precio pagado fue el correcto. Es la constancia de que, en lo revisado, el papeleo cuadró. Sobreprecio y legalidad formal caben en el mismo expediente.
Por eso el PAN pidió a la Secretaría Anticorrupción y a la propia ASF investigar el origen de los recursos y determinar si hay irregularidades. Y por eso el asunto dejó de ser local: la presidenta Claudia Sheinbaum pidió investigar los contratos millonarios otorgados a Seguritech por gobiernos estatales, con una frase que aplica directo a Quintana Roo: no basta con instalar cámaras si no hay resultados en seguridad ni transparencia en el uso de los recursos.
La pregunta que sigue abierta
Quintana Roo redujo su deuda en $5,700 millones. En el mismo periodo comprometió $2,869 millones en contratos sin licitar con un solo grupo empresarial. Ambas cifras salen del mismo bolsillo público y solo una se presumió en el informe.
La solicitud del PAN sigue sin resolverse y el gobierno estatal no ha publicado un desglose que explique el diferencial de precio del Bell 429 frente a su valor de referencia. Mientras eso no ocurra, el cuarto año de gobierno cierra con dos contabilidades: la que se lee en el informe y la que se lee en los contratos.
Marabunta Política dará seguimiento a la respuesta de la ASF y de la Secretaría Anticorrupción a la solicitud del PAN.
