La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por completo la reforma con la que Tamaulipas buscaba impedir que personas procesadas por delitos dolosos y bajo prisión preventiva, así como condenadas por delitos de alto impacto, pudieran llegar a una candidatura municipal. Con votación unánime, los nueve ministros dejaron fuera de las elecciones de 2027 esa barrera que el Congreso estatal había creado para endurecer quién podía competir por alguno de los 43 ayuntamientos.
La reforma fue aprobada por el Congreso de Tamaulipas a finales de junio y publicada oficialmente el 1 de julio de 2026. El problema fue el calendario: el proceso electoral arranca el 13 de septiembre y la Constitución exige que cualquier cambio importante a las reglas de una elección se publique al menos 90 días antes, lo que colocaba el límite en el 15 de junio. El Congreso publicó el decreto 16 días después de ese plazo, cuando solo faltaban 74 días para el inicio de la contienda.
Ese retraso abrió la puerta para que PT, PAN, PRI y SOMOS impugnaran la reforma ante la Corte. Los ministros consideraron suficiente la violación al plazo constitucional y echaron abajo todo el decreto antes de que pudiera aplicarse.
El resultado es directo: Tamaulipas llegará a las elecciones de 2027 sin ese filtro contra procesados con prisión preventiva y personas condenadas por delitos dolosos, después de que una reforma pensada para cerrarles el paso terminara derribada por haberse aprobado fuera de tiempo, no por el fondo del asunto, que la Corte no llegó a resolver.
Es una de las primeras resoluciones de fondo sobre reglas de elegibilidad de candidaturas que emiten los ministros electos por voto popular en junio de 2025.
