El 1 de agosto, en una reunión en la que estuvieron la presidenta de Morena, la titular de la Comisión de Elecciones y un enviado de Palacio Nacional, quedó definido cómo se elegirá al coordinador estatal en Quintana Roo. Citlalli Hernández lo explicó en una frase: “habrá una encuesta telefónica primero, para una medición inicial, y luego habrá una casa por casa”.
Suena a lo más democrático posible. Que decida la gente, no la cúpula. Es la promesa fundacional del partido y la razón por la que Morena ha defendido las encuestas como método desde 2018.
Hay un detalle: esa encuesta no se va a publicar.
Qué es lo que no se hace público
Las encuestas que Morena utiliza para definir coordinaciones estatales se mantienen confidenciales. No es una omisión de este proceso ni una decisión de la dirigencia local: es cómo opera el mecanismo.
Eso significa que la militancia de Quintana Roo no verá el tamaño de la muestra, ni el margen de error, ni el cuestionario, ni la distribución geográfica del levantamiento, ni quién la aplicó, ni los porcentajes. Verá un nombre.
Y hay una segunda capa. La dirigencia nacional incorpora, además del resultado, otros elementos antes de anunciar su decisión: acuerdos internos, revisión de perfiles y paridad de género. Ninguno de esos tres se mide en la encuesta. Los tres pueden modificar el resultado.
Dicho de forma directa: el instrumento se presenta como el árbitro del proceso, pero es un insumo entre varios, y es el único que se somete a medición. Los otros se resuelven en una mesa.
Por qué esto importa en este caso concreto
La opacidad de un método se vuelve un problema práctico cuando el resultado es discutible. Y aquí lo será.
El 3 de septiembre, la casa encuestadora CE Research publicó un estudio independiente que coloca a Gino Segura como el aspirante mejor posicionado, con Ana Paty Peralta como la mujer con más intención de voto pero por detrás de él. Es una medición pública, de una firma que firma su trabajo.
Supongamos que la encuesta interna coincide. Entonces la coordinación es para Segura, y el criterio de paridad de género —que el partido aplica y que nadie discute como principio— queda como la única vía para que no lo sea.
Supongamos ahora que la interna no coincide, y el nombre que sale es otro. Nadie podrá revisar por qué. No habrá metodología que auditar, ni cruce posible con la medición pública de CE Research, ni forma de saber si pesó el número o pesó el acuerdo.
En cualquiera de los dos escenarios, el partido pide un acto de fe. La diferencia es que en el segundo lo pide después de que una firma externa publicó algo distinto.
El contraste incómodo
Vale la pena poner los dos hechos uno junto al otro.
Por un lado, Morena resuelve por encuesta confidencial quién encabezará su estructura en un estado donde gobierna. Por el otro, ese mismo gobierno estatal presume cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación mientras adjudicó de forma directa 2,869 millones de pesos.
Son dos formas del mismo hábito: el resultado se publica, el procedimiento no. La cifra final es impecable en ambos casos. Lo que no se puede revisar es cómo se llegó a ella. Sobre qué alcanza a revisar realmente una auditoría —y qué se le escapa por diseño— escribimos esta explicación.
Lo que sí sería verificable
No se trata de pedir que Morena renuncie a las encuestas. Es un método legítimo y en muchos casos mejor que la designación a dedo. Se trata de que el método pueda revisarse. Cuatro cosas bastarían, y ninguna obliga a revelar estrategia:
- Publicar la ficha técnica aunque no se publiquen los cruces: casa encuestadora, fechas de levantamiento, tamaño de muestra, margen de error, método.
- Publicar el cuestionario una vez cerrado el proceso. La redacción de una pregunta define su respuesta, y eso ya no es secreto estratégico cuando la decisión está tomada.
- Decir si el resultado de la encuesta coincidió con la decisión final, y si no, qué criterio la modificó. Un “se aplicó paridad” o “se aplicó acuerdo de unidad” es suficiente y es honesto.
- Nombrar a quien la aplicó. Una encuestadora que firma es una encuestadora que responde por su trabajo.
Nada de eso revela a los adversarios información que puedan usar. Todo eso permitiría a la militancia saber si el proceso al que dedicó asambleas y recorridos sirvió para algo.
El precedente
Quintana Roo fue propuesto como uno de los primeros estados en resolver sus candidaturas rumbo a 2027. Lo que se decida aquí —y sobre todo, cómo se explique— es la plantilla con la que Morena va a resolver el resto.
Un partido que llegó al poder denunciando la opacidad de los procesos internos ajenos tiene, en este punto, más que perder que cualquier otro si el suyo no se puede revisar.
Esta pieza forma parte de nuestra cobertura del proceso interno de Morena en Quintana Roo. El panorama completo, en 79 días y contando: la coordinación que Morena no define.
Fuentes: La Opinión de Quintana Roo · CE Research · Quadratín Quintana Roo
